
La protección social es un derecho humano, pero en ciertos ámbitos se sigue considerando un gasto, un costo. Sin embargo, hay cada vez más evidencias de que debe considerarse una inversión, dados sus beneficios económicos y sociales. En esta sesión se presentarán nuevas evidencias sobre los efectos positivos de invertir en protección social y se destacarán experiencias que han logrado movilizar recursos y crear un espacio fiscal para financiar esta inversión, incluso en el contexto posterior a la crisis de COVID-19, caracterizado por múltiples crisis alimentarias, energéticas y económicas, una creciente carga de deuda y llamamientos a la austeridad.
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